El impacto económico de la violencia en el país

La crisis de violencia e inseguridad por la cual atraviesa nuestro país no solo ha cobrado múltiples víctimas mortales durante la presente década, sino que también ha dejado cuantiosas pérdidas económicas y daños materiales.

Equivale al 24% del PIB

De acuerdo con el Índice de Paz México 2019, se estima que el impacto económico de la violencia fue de 5.16 billones de pesos en 2018, cifra equivalente al 24% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional.

En relación con el informe elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz y analizado por el Consejo Cívico de las Instituciones, A.C., los costos indirectos, es decir, los costos derivados de un acto violento superan los 3.26 billones de pesos.

Al estimar el impacto económico de la violencia por estado, destaca que mientras que, en Colima, el costo total de la violencia ronda los 83 mil 167 pesos por habitante, en Yucatán asciende a 10 mil 808 pesos.

Respecto a Coahuila y Durango, el costo de la violencia se cuantifica en 17 mil 815 pesos y 19 mil 090 pesos por habitante respectivamente, siendo la 5ª y 6ª entidad con menor impacto de la violencia.

Existe una clara relación entre el número de homicidios dolosos y el impacto negativo que tienen sobre la actividad económica, ya que los delitos cometidos con uso de violencia y los homicidios representan el 82% del impacto económico total de la violencia.

No obstante, el gasto del gobierno federal para contener la ola de violencia representó tan solo el 10% del impacto económico total de la violencia y ascendió a 531 mil millones de pesos, aunado a ello, el gasto público en seguridad y justicia continúa muy por debajo de los niveles internacionales.

Si bien es importante la eficiencia y eficacia del gasto, que los recursos económicos, los niveles de gasto evidencía un desequilibrio en la asignación del presupuesto destinado a combatir la crisis de violencia e inseguridad de nuestro país.

Es necesario que la estrategia nacional de seguridad contemple nuevos mecanismos para la asignación de recursos, que reoriente la actividad del estado en el combate a la violencia, pero sobre todo que permita reducir el impacto económico que tendrá sobre las futuras generaciones los actuales niveles de inseguridad.