Los pequeños y medianos comercios (tiendas de abarrotes, transportistas, comerciantes, entre otros) enfrentan una situación crítica de seguridad y […]
Los pequeños y medianos comercios (tiendas de abarrotes, transportistas, comerciantes, entre otros) enfrentan una situación crítica de seguridad y de rentabilidad, debido a la extorsión y al cobro de piso.
Ya no es solamente la inflación y la falta de ventas, lo que pone en jaque a los comerciantes, pues se estima que, uno de cada dos negocios, viven extorsión y/o cobro de piso, ya sea telefónica o de grupos delictivos. Este flagelo se encuentra presente en casi todas las actividades comerciales, desde zonas rurales hasta urbanas, es, sin duda, la principal preocupación del sector.
El cobro de piso y la extorsión tienen un impacto económico directo, aumentando sus costos, que al final lo absorben, reduciendo sus márgenes de ganancia o bien trasladan esos costos a sus precios, con el riesgo de perder clientes, es decir se encuentran entre la espada y la pared, en plena desventaja competitiva.
Desgraciadamente, este delito, no lo encontramos en las cifras oficiales y no es visible para las autoridades, pareciera inexistente. Se estima que la cifra negra en la extorsión alcanza el 99%, según el INEGI, y la causa más frecuente en la mitad de los casos, y por la que no hay denuncia, es por temor a represalias o amenazas por parte del agresor.
Hay sin duda una falla institucional, la desconfianza genera impunidad, y la impunidad, es el incentivo perverso, que le genera dividendos a la delincuencia. Urgen acciones contundentes y coordinadas, entre gobiernos, empresarios y sociedad civil. Primero hay que generar confianza en los reportes y denuncias, acercar a las víctimas con las fiscalías, que sea un delito que se persiga de oficio, pues la denuncia es el primer obstáculo.
Más denuncias, no necesariamente son más delitos, es medir y conocer la magnitud del problema. Conformar redes de apoyo entre comerciantes, compartir alertas en tiempo real, líneas para reportar extorsiones y programas de testigos protegidos.
Finalmente, tenemos que entender, que pagar piso, es financiar al crimen y la impunidad es el oxígeno que lo mantiene vivo. De no atenderse este problema, seremos testigos de una muerte lenta de la economía local.
Somos un proyecto del Consejo Cívico de las Instituciones, A.C. que promueve el análisis y la evaluación de indicadores técnicos y de percepción ciudadana que permitan incidir en mejores políticas públicas y mejorar la calidad de vida de la Laguna.