Gobiernos de todos los colores van y vienen sin que se fortalezca el estado de derecho en México. La ola de violencia, que desde hace un par de décadas azota al país y que hoy vive su peor momento, la debilidad de las instituciones para hacer frente a la delincuencia y garantizar la seguridad pública y la impartición de justicia, las pocas acciones para combatir la corrupción y la ausencia de medidas de carácter regulatorio dan cuenta de ello.

Carencia al estado de derecho

De acuerdo con el Índice de Estado de Derecho en México 2021-2022 del World Justice Project (WJP), que mide la adhesión al Estado de Derecho en cada uno de los 32 estados del país en puntajes que oscilan entre 0 y 1, donde 1 indica la máxima adhesión al Estado de Derecho, las 32 entidades del país carecen de una adhesión fuerte al estado de derecho, siendo las principales limitantes la deficiente impartición de justicia en materia civil, el estancamiento en el combate a la corrupción y la opacidad de los gobiernos a la hora de transparentar su información.

Retroceso en Coahuila

Coahuila tuvo un retroceso de siete posiciones respecto a la medición 2020-2021 con un puntaje de apenas 0.44 situándose como la décima entidad en adhesión al Estado de Derecho. Su principal fortaleza es la contención de la violencia ocasionada por la delincuencia organizada y la percepción positiva de la seguridad.

Corrupción gubernamental

En contraste, la corrupción gubernamental continúa siendo uno de los mayores retos que afronta la entidad.  A pesar de la conformación y puesta en marcha del Sistema Estatal Anticorrupción, la ausencia de resultados tangibles y la debilidad institucional para detectar, investigar y sancionar actos de corrupción deterioran los indicadores en el tema.

Estado de Derecho

Urge que los gobiernos comiencen a preocuparse por los derechos de sus ciudadanos. Para ello, restablecer el Estado de Derecho constituye el primer paso para la reestructuración de un Estado sólido, con instituciones fuertes y libres de corrupción.