Un sector particularmente vulnerable a la corrupción son las compras públicas. Invariablemente si estas son a nivel municipal, estatal […]
Un sector particularmente vulnerable a la corrupción son las compras públicas. Invariablemente si estas son a nivel municipal, estatal o federal, el riesgo de que ocurran prácticas de corrupción es elevado, y siempre escuchamos de manera sistemática por años grandes escándalos de corrupción.
Esta semana, en el CCI Laguna dimos a conocer el resultado de un análisis sobre las compras públicas a los municipios de Torreón y Matamoros, y uno de los hallazgos más relevantes, fue que en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) solamente están públicos los contratos del área de Obras Públicas, omitiendo los contratos, compras y/o adquisiciones que llevan a cabo otras áreas administrativas.
La Ley de Transparencia y Acceso a la información es muy clara, e indica que los sujetos obligados como lo son los municipios, que reciben y ejercen recursos públicos debe poner a disposición de los ciudadanos toda información pública. Lo cierto es que existe una enorme opacidad, ya que pareciera que subir a la PNT toda esta información es opcional, cuando es una obligación.
En el caso de Torreón, podemos concluir que casi 6 de cada 10 contratos que celebró el municipio fueron por adjudicación directa, un procedimiento de compra que contempla la ley, pero que es un proceso sin competencia, en ocasiones sin estar debidamente justificada la asignación y generando riesgos de discrecionalidad.
Apenas el 12% de los contratos se licitaron, un proceso que sí fomenta la competencia y facilita la elección de mejores condiciones. Otro factor, es que el 46% de todo lo ejercido en obra pública, que ascendió a $328 millones, se concentró en 10 de 89 proveedores. Pero el caso de Matamoros es caótico, pues de los 51 contratos que celebró en 2022, ninguno fue por licitación pública, adjudicó directamente casi el 80% de los contratos de obra pública, y ninguno de los 51 contratos se puede descargar en la PNT.
La Ley de Obra Pública para Coahuila, indica que no se pueden adjudicar contratos superiores a $1.3 millones de pesos, sin embargo, $27 millones superaron este límite. Por si fuera poco, concentró el 40% de todo su presupuesto, que ascendió a $59 millones, en tan solo dos proveedores. Por eso reitero, que la corrupción empieza por la opacidad. #asívivimos
Somos un proyecto del Consejo Cívico de las Instituciones, A.C. que promueve el análisis y la evaluación de indicadores técnicos y de percepción ciudadana que permitan incidir en mejores políticas públicas y mejorar la calidad de vida de la Laguna.