Una vez concluido el proceso electoral en Durango, sería bueno reflexionar sobre los costos, no sólo financieros, si no […]
Una vez concluido el proceso electoral en Durango, sería bueno reflexionar sobre los costos, no sólo financieros, si no también políticos que pasaron factura el pasado domingo.
Este 2 de junio, 1 millón 298 mil duranguenses debieron salir a votar, sin embargo, solamente 578 mil acudieron a las urnas de acuerdo con los datos más recientes del PREP, por lo que apenas 4 de cada 10 personas en el Estado ejercieron su derecho democrático.
Las elecciones tuvieron un costo financiero total de $268 millones de pesos, de los cuales $177 millones (66% del total) fueron para la operatividad y funcionamiento del IEPC, mientras que $91 millones (44%) fueron para los partidos y asociaciones políticas, y si dividimos todo el presupuesto usado por éstos últimos entre el número de personas que votaron, podemos concluir que cada voto les costó a los duranguenses $157.
Si bien, el porcentaje de participación fue muy bajo en comparación a la elección pasada en donde 6 de cada 10 electores salieron a votar, es importante recalcar que al hacer el análisis por municipios encontraremos datos aún más desalentadores.
Por ejemplo; Gómez Palacio fue el municipio en donde menos personas salieron a votar, registrando una participación de apenas el 30%, le siguen Durango capital con el 42% y Lerdo con el 43%, por lo que las ciudades con más habitantes en el Estado fueron las que registraron los niveles más altos de abstencionismo.
El costo político fue sin lugar a duda el abstencionismo, consecuencia quizás de la falta de seriedad de las fuerzas políticas para seleccionar a sus candidatos y de las propuestas vacías que no lograron convencer a los votantes, otro factor importante fue también, la poca cercanía con la sociedad civil organizada durante las campañas.
Ciertamente son números que no abonan a la democracia y que reflejan el cansancio de los electores hacía un sistema obsoleto que sólo promete y no cumple, un sistema que debe renovarse a través de una mayor participación ciudadana y educación cívica.
Somos un proyecto del Consejo Cívico de las Instituciones, A.C. que promueve el análisis y la evaluación de indicadores técnicos y de percepción ciudadana que permitan incidir en mejores políticas públicas y mejorar la calidad de vida de la Laguna.