El gobierno, debe ver la ley como un instrumento para garantizar derechos que tenemos las y los ciudadanos. Es […]
El gobierno, debe ver la ley como un instrumento para garantizar derechos que tenemos las y los ciudadanos. Es una forma de garantizar el orden y la paz social. En ningún momento, bajo ninguna circunstancia quien es la autoridad debe ser indulgente al momento de aplicar la ley.
La indulgencia, significa otorgar licencia o permiso para delinquir, e incluso para actuar impunemente, porque la ley simplemente no se aplica, o se aplica a discreción, a conveniencia, y cuando si se aplica, se aplica sin severidad, hasta con cierta benevolencia. A los criminales y a los delincuentes se les debe sancionar por los asesinatos cometidos, a los secuestradores por igual, a quienes roban de igual forma, vaya, a todos los que cometen un delito, y deben ser sancionados conforme a la ley, que claramente especifica quien debe hacerla cumplir para garantizar nuestra paz y nuestra tranquilidad.
La connivencia del estado (en cualquier orden de gobierno) con grupos delictivos impacta negativamente en la seguridad, porque se fomenta y se toleran sus actividades delictivas, se transgreden las leyes y algo más peligroso aún, que se legitiman formas y acciones que son totalmente opuestas a la ley.
La debilidad del estado de derecho impera en varias partes del país, no se puede ocultar, como tampoco puede negarse que el mes de mayo se convirtió en el más violento de este 2022, con 2,472 homicidios dolosos, un promedio de 80 al día, uno cada 20 minutos. Es el promedio más alto de víctimas desde agosto de 2020.
En esta administración ya se rondan las 130 mil víctimas de homicidio doloso, duplicando las víctimas del sexenio de Calderón, y casi un 60% más respecto a la administración de Peña. Todo apunta que esta administración será la más violenta de la historia reciente.
Resulta imperativo, por un lado, reconocer que la realidad supera toda narrativa, reconocer la imposibilidad para resolver los problemas relacionados con la delincuencia, y por otro lado elevar el nivel de exigencia de la sociedad hacia los encargados de garantizarnos nuestros derechos más elementales, que no estén detrás de un escritorio, ni promoviendo su imagen, que salgan a las calles, que visiten las ciudades más violentas, que palpen el miedo que tienen las personas.
Somos un proyecto del Consejo Cívico de las Instituciones, A.C. que promueve el análisis y la evaluación de indicadores técnicos y de percepción ciudadana que permitan incidir en mejores políticas públicas y mejorar la calidad de vida de la Laguna.